Panamá produce campeones mundiales desde hace casi un siglo. Lo que todavía no ha construido es la infraestructura jurídica para quedarse con el valor que esos campeones generan.

Panamá Al Brown fue el primer campeón mundial latinoamericano. Después vinieron Ismael Laguna, Roberto Durán, Eusebio Pedroza. Para un país de nuestro tamaño, esa densidad de campeones no tiene comparación en la región. Pero el patrón se repite: el atleta es panameño y la pelea se televisa desde otro país, el promotor opera desde otra jurisdicción, el patrocinador firma en otra plaza, y el derecho de transmisión se negocia bajo una ley que no es la nuestra. El talento se exporta. El negocio se queda afuera.

Las condiciones para invertir ese patrón ya existen, y no son deportivas — son logísticas y jurídicas. Panamá opera en dólares, sin la fricción cambiaria que complica cualquier contrato de patrocinio internacional. Está en UTC-5 y no cambia de horario, de modo que un evento en horario estelar panameño lo es simultáneamente para el mercado norteamericano y para buena parte de Latinoamérica. Tocumen conecta el continente en vuelos directos, lo que importa cuando hay que mover equipos de producción, comisionados y prensa en ventanas de cuarenta y ocho horas. Y existe ya una infraestructura corporativa y bancaria construida para operaciones internacionales. Son exactamente las mismas razones por las que las multinacionales instalan aquí sus sedes regionales.

Lo que falta no es un estadio. Es el andamiaje contractual que convierte un evento en un activo. Quién es titular de la señal y cómo se fracciona por territorio. Cómo se separan las ventanas de televisión abierta, cable y streaming sin canibalizarse. Qué pasa con los derechos de imagen de los atletas visitantes durante los días que están en el país. Cómo se trata fiscalmente el ingreso que un atleta no residente genera en Panamá, y qué convenio de doble imposición aplica según su nacionalidad. Bajo qué régimen migratorio entra un equipo de producción de sesenta personas por una semana. Y cómo se acredita todo eso ante el organismo sancionador, que tiene su propio reglamento y no lo flexibiliza.

Desde mi posición en el Consejo Mundial de Boxeo he visto cómo se decide dónde se hace una pelea. No se decide por la capacidad del recinto. Se decide por si los organizadores pueden garantizar, en un contrato que resista, las condiciones del combate: la bolsa en garantía, los protocolos médicos, el control antidopaje, la cadena de custodia de las decisiones arbitrales, y una cláusula de resolución de disputas que ambas partes acepten de antemano. Una sede que no puede documentar eso no pierde la pelea en la negociación. La pierde antes, cuando ni siquiera la consideran.

Ese trabajo se hace con anticipación y se hace una sola vez. La arquitectura contractual de un evento internacional es reutilizable: se estructura bien la primera vez y las siguientes se construyen encima. Es lo mismo que ocurrió con el registro naval — Panamá no domina la marina mercante global por accidente geográfico, sino porque construyó, hace décadas, la infraestructura jurídica que hacía falta y después la mantuvo. El deporte admite la misma lógica.

Para eso existe el Departamento Internacional de Negocios Deportivos de la firma. Si usted está evaluando traer un evento internacional a Panamá, estructurar derechos de transmisión, o negociar un acuerdo de patrocinio que cruce fronteras, el punto de partida no es el recinto. Es el contrato.

Cuando un caso cruza el Atlántico, lo que más importa no es conocer la ley de dos países. Es saber a quién llamar en el otro lado.

Mi alianza con Crespo & Ruiz en Madrid no es un acuerdo de referidos. Es una relación de trabajo construida sobre casos reales — litigios comerciales, procesos de reconocimiento de sentencias, operaciones societarias que involucran entidades en ambas jurisdicciones, y clientes que viven en un país y operan en el otro.

España y Panamá tienen una relación jurídica particular. El Convenio entre ambos países para evitar la doble imposición es uno de los más relevantes para empresarios que operan en ambos mercados. La presencia histórica de capital español en Panamá — en banca, construcción, telecomunicaciones — ha generado décadas de jurisprudencia en casos transfronterizos que muy pocos bufetes locales conocen a fondo.

Lo que resuelve la alianza es el problema de la ejecución. Ganar un arbitraje en Panamá contra una contraparte española no sirve de mucho si nadie en Madrid puede ejecutar la sentencia. Y viceversa. La coordinación entre jurisdicciones — tanto en estrategia procesal como en timing de las acciones — es lo que determina si un caso transfronterizo termina bien o se extiende indefinidamente.

He gestionado casos donde el cliente estaba en Madrid, el activo en Panamá, y la contraparte en un tercer país. Esos casos no se gestionan con una llamada a un corresponsal. Se gestionan con un equipo que ya tiene práctica de trabajar junto, que habla el mismo lenguaje jurídico, y que entiende los tiempos y las lógicas de cada sistema.

Si usted tiene un asunto que involucra a España y a Panamá — societario, fiscal, litigioso, o de propiedad intelectual — esa es exactamente la combinación para la que existe esta alianza.

La DIGERPI procesa miles de solicitudes al año. La mayoría llegan con errores. Muchas llegan demasiado tarde.

Tarde en el sentido de que alguien ya registró primero. En Panamá — como en la mayoría de sistemas de propiedad industrial — el principio es primero en tiempo, primero en derecho. No importa que usted haya usado ese nombre de marca durante años. Si otra persona lo registró antes, tiene que demostrar uso previo en un proceso de impugnación. Y eso consume tiempo, dinero, y energía que ningún empresario quiere gastar.

La búsqueda de anterioridad no es opcional. Es el primer paso. Antes de invertir en diseño de marca, antes de imprimir materiales, antes de lanzar, hay que verificar que el activo que quiere proteger está disponible. He visto empresas que construyeron su identidad visual completa sobre una marca que ya estaba registrada.

El proceso ante la DIGERPI tiene etapas claras: solicitud, examen de forma, publicación en Gaceta Oficial por tres meses, período de oposición, y resolución final. Los plazos reales — no los plazos teóricos — oscilan entre ocho y dieciocho meses según la complejidad y si hay terceros que se oponen.

Para patentes el proceso es más largo y técnicamente más exigente. El examen de novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial requiere documentación precisa. Un error en la descripción de la reivindicación puede limitar el alcance de la protección de forma permanente.

Lo que me preguntan frecuentemente es si vale la pena registrar en Panamá si el negocio opera principalmente en el exterior. Mi respuesta es siempre la misma: si tiene operaciones o clientes en Panamá, o si planea tenerlos, el registro local es el punto de partida. La protección internacional viene después, y Panamá es parte del sistema de Madrid para marcas — lo que facilita la expansión.

En el boxeo, el contrato más importante que un atleta firma no es con su promotor. Es el que firma con su propia imagen.

Lo digo después de años trabajando con atletas latinoamericanos que llegaron a consulta cuando el daño ya estaba hecho — contratos que cedían derechos de nombre, apodo, y likeness de forma amplia e indefinida, sin contraprestación proporcional, sin cláusula de reversión.

El derecho deportivo en América Latina es joven. Las ligas y organismos — WBC, WBA, WBO, IBF en el caso del boxeo — operan bajo sus propios reglamentos, que no siempre coinciden con la legislación del país donde el atleta vive o compite. Esa brecha es donde ocurren los problemas.

Un promotor puede tener derechos contractuales sobre las peleas de un boxeador sin tener derechos sobre su imagen comercial. O puede tenerlos, si el contrato fue mal negociado. La diferencia entre esos dos escenarios puede ser la diferencia entre construir una marca personal de largo plazo y firmar esa marca a terceros por una década.

He visto casos donde el boxeador ganó el campeonato y perdió los derechos sobre su propia historia. Su nombre en productos, su imagen en transmisiones, sus apariciones comerciales — todo cedido en cláusulas que nadie explicó claramente antes de firmar.

Lo que el atleta necesita entender es que sus derechos de imagen son un activo independiente de su rendimiento deportivo. Ese activo tiene valor antes de la primera pelea de título, durante el pico de su carrera, y después del retiro. Protegerlo requiere asesoría antes del contrato — no durante el litigio.

El contrato más peligroso que he visto en treinta y nueve años de práctica no tenía errores de redacción. No tenía cláusula de resolución de disputas.

Esa ausencia costó dos años de litigio en tres jurisdicciones distintas.

Los contratos comerciales internacionales tienen una lógica diferente a los contratos locales. No basta con acordar precio, plazo y condiciones de entrega. La pregunta central que todo contrato internacional debe responder es: ¿qué pasa cuando algo sale mal, dónde lo resolvemos, y bajo qué ley?

He redactado y revisado contratos entre empresas panameñas y contrapartes en Europa, Asia, y América del Norte. El error más frecuente no es técnico — es que las partes negocian el negocio y dejan el contrato para el final, como si fuera un trámite. El contrato no es el trámite. El contrato es el negocio.

La ley aplicable define qué normas rigen en caso de disputa. La jurisdicción o sede arbitral define dónde se resuelve. La cláusula de fuerza mayor — que nadie lee hasta que la necesita — define qué eventos liberan a las partes de sus obligaciones. Y la cláusula de confidencialidad, que muchos reducen a boilerplate, puede ser la diferencia entre proteger información estratégica y perderla.

Cuando trabajo con un cliente en un contrato internacional, el objetivo no es solo que el documento sea legalmente correcto. El objetivo es que sea ejecutable — que si mañana hay un problema, el contrato le dé una posición ventajosa, no una posición de paridad con quien le incumplió.

Eso requiere pensar en el peor escenario antes de firmar. No después.

Cuando la gente pregunta por qué tantos buques navegan bajo bandera panameña, la respuesta instintiva es "el Canal." El Canal es la geografía. El registro naval es la decisión.

Son cosas distintas.

Panamá administra el registro de naves más grande del mundo — más de ocho mil buques activos. No porque sea el más barato, aunque las tarifas son competitivas. Sino porque en décadas de operación, el sistema demostró ser predecible, reconocido internacionalmente, y respaldado por una Autoridad Marítima que ha sabido adaptarse a los estándares de la OMI sin perder la agilidad que lo hizo atractivo desde el principio.

He representado armadores europeos, asiáticos, y latinoamericanos en procesos de registro bajo bandera panameña. Lo que noto consistentemente es que la decisión rara vez es solo fiscal. Es una decisión de infraestructura. El armador quiere saber que su embarcación puede operar en cualquier puerto del mundo sin objeciones al pabellón, que la documentación será reconocida, y que ante un incidente de responsabilidad civil existe un marco jurídico claro.

Eso Panamá lo tiene. Y no es fácil de replicar.

Lo que muchos armadores no anticipan son las obligaciones posteriores al registro. La AMP exige inspecciones periódicas, certificaciones de seguridad, cumplimiento con los convenios internacionales de trabajo marítimo. Un buque registrado que no mantiene sus certificaciones al día puede ser detenido en puerto extranjero — y eso tiene un costo que ningún ahorro en tarifas de registro compensa.

El pabellón panameño es un activo. Como cualquier activo, requiere gestión.

Cada semana recibo consultas de empresarios que ya constituyeron su sociedad en Panamá — y lo hicieron mal.

No mal en el sentido de ilegal. Mal en el sentido de irrelevante. Una sociedad anónima constituida sin propósito claro, sin cuenta bancaria activa, sin estructura que resista una auditoría internacional, es papel con sello notarial. Nada más.

Panamá tiene una de las legislaciones corporativas más flexibles del mundo. Eso es una ventaja para quien sabe usarla y una trampa para quien la usa por moda. He visto empresarios latinoamericanos, europeos, norteamericanos — todos con la misma ilusión de que constituir en Panamá equivale automáticamente a protección patrimonial o eficiencia fiscal. No funciona así.

Lo primero que analizo con cada cliente es el propósito real de la estructura. ¿Es para operar localmente? ¿Para recibir pagos internacionales? ¿Para proteger activos? ¿Para articular una holding? Cada respuesta lleva a una arquitectura diferente. La sociedad anónima es el vehículo más común, pero no siempre es el correcto.

Lo segundo es la cuenta bancaria. Panamá endureció sus estándares de cumplimiento bancario en los últimos años — con razón. Abrir una cuenta para una sociedad recién constituida requiere documentación de origen de fondos, actividad económica demostrable, y en muchos casos una relación previa con la institución. El que le promete una cuenta en dos semanas probablemente no le está diciendo todo.

Lo tercero es el mantenimiento. Una sociedad que no paga sus tasas anuales al Registro Público, que no tiene agente residente activo, que no actualiza a sus directores y dignatarios, acumula riesgos silenciosamente. He recibido casos donde el problema no era la transacción — era que la sociedad llevaba tres años técnicamente en mora.

Constituir en Panamá es una decisión que se toma con información, no con urgencia. Si usted ya tiene una sociedad y no está seguro de que funcione como debería, ese es el punto de partida.